(época)
La titular del Juzgado Federal de Paso de los Libres, Elizabeth Pozzer Penzo, pidió la indagatoria de 26 imputados en una megacausa por supuesta trata de personas que se habría cometido cerca de la localidad fronteriza mencionada, donde tiene asiento el juzgado. Entre los imputados se encuentra el ex fiscal Federal de Paso de los Libres, Benito Pont, quien fue blanco de una polémica mediática por el caso y renunció.
El ex funcionario jurídico está apuntado como el responsable de desviar denuncias e investigaciones por trata de personas en Paso de los Libres, es decir, proveer de un blindaje para que tres bandas delictivas puedan actuar sin problemas a la vera de la Ruta 117, en la que se ubicaron varios locales nocturnos dedicados a explotar sexualmente a mujeres. Estos comercios eran prostíbulos identificables como “Roxi” (también llamado “Puro Movimiento”), “Balizas” (conocido como “Dancing”, “Tropical Pub” o “Kilómetro de Oro”). Además, el “Hotel Momentos”, ya que ese era el lugar en el que las mujeres finalmente debían mantener relaciones sexuales con los hombres, lo cual es conocido en la jerga como “pase”.
La medida definida por Pozzer Penso coincide con lo solicitado por el fiscal Aníbal Martínez y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
Las víctimas, todas mujeres, son al menos unas 38, quienes fueron sometidas por tres bandas dedicadas al aberrante delito. Además de Benito Pont, se encuentran imputadas otras 25 personas, quienes serían integrantes de los grupos criminales. Tanto el ex fiscal como estos sujetos tienen sus bienes embargados, medida también definida por Pozzer Penso.
Como Benito Pont está señalado como responsable de brindar protección a los prostíbulos, su rol fue fundamental para que los grupos criminales actúen. “Está acusado de prestar colaboración en la trata y explotación de al menos 12 mujeres identificadas en la causa, ya que retardó deliberadamente las investigaciones que tenía bajo su instrucción y en las que estaban denunciados varios de los mencionados prostíbulos”, sostuvo una fuente de la Justicia Federal.
Según se indicó, a pesar de tener todas las pruebas en la mesa, el por entonces fiscal realizó una “deficiente” investigación con el fin de que no se llegue a los responsables de manejar la red de trata. Incluso se llegó a declarar incompetente para que las causas pasen al fuero provincial.
Las bandas contaban con información detallada sobre el momento en que se iban a producir allanamientos en su contra, según se desprende de las pesquisas.
El resto de los acusados son Ricardo Aguirre, quien sería el gerente de “Roxi” y el “Hotel Momentos”; José María Viero, un gendarme de alto rango, cuñado de Pont y dueño del mencionado hotel y María Clelia Ramona Espada, ex socia comercial del ex fiscal, quien cumplió el rol de encargada del hotel. Además están imputados dos abogados cuya identidad aún no trascendió pero cuyo rol era engañar a las víctimas para que crean que ellas podían ser imputadas en el crimen con el fin de evitar que éstas efectúen alguna denuncia, ocultándoles su condición de víctimas. El resto de los imputados son los encargados de los diferentes locales. La primera banda está acusada de explotar sexualmente a 12 mujeres y está conformada por al menos 18 acusados, la segunda victimizó a 19 personas y estaba integrada por cinco imputados y la tercera es la responsable de someter a siete jóvenes.
Además de esta investigación, la Justicia se encuentra abocada a indagar el patrimonio de los imputados, lo cual puede derivar en otras causas.
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